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Desde la madrigada del jueves, los fuertes vientos y caudalosas lluvias de la tormenta Isaías comenzaron a sentirse en toda la isla. El fenómeno atmosférico tocó a Puerto Rico rompiendo récords al ser el fenómeno con letra “I” más rápido en desarrollarse e impactar tierra. Los vientos y ráfagas entre 40 a 50 mph tuvieron un impacto sustancialmente distinto en el Puerto Rico post-María. No se puede negar que aún hay heridas sin sanar, procesos sin mejorar y sistemas debilitados. Tenemos que poner en perspectiva que un impacto de cualquier fenómeno atmosférico dejará resultados exponencialmente mayores de lo que se puede precisar en optimas condiciones.


Isaías llega a la isla en una coyuntura historia única más no imprevisible. La pandemia de Covid-19 mantuvo ocupados los recursos de las instituciones públicas en el manejo y respuesta de esa emergencia. No obstante, diversas voces comenzaron a resaltar la importancia de una preparación efectiva en donde se incluyera mecanismo de respuesta y recuperación de emergencias atemperados a esta inalterable realidad desde inicios de este año. La buena preparación no se limita a escribir unas guías en el mundo teórico. La buena preparación ante desastres requiere practica, coordinación y actuar contemplando todos los escenarios previsibles.


No hay nada que sustituya una buena preparación. Vimos como la tarde del jueves la Guardia Nacional se movilizó de manera inmediata luego de recibir una notificación de auxilio de una familia de Mayagüez. En un video publicado por el mismo ciudadano, solicitaba auxilio a las autoridades temiendo por la vida de su familia ante la inmensa inundación que amenazaba su casa. Rápidamente la intervención ciudadana se movilizó. La familia fue rescatada de manera exitosa. Este evento nos enseña dos cosas: 1) La importancia de la participación ciudadana y los medios de comunicación, y 2) La magnitud de los efectos de un fenómeno atmosférico 5 veces más débil que los experimentado por María.


Los reportes de todos los resultados de Isaías ascienden a desalojos de comunidades enteras por inundaciones, deslizamientos masivos de terreno, vegetativo destruyendo sistema eléctrico, entre otras. Más aún, antes de su entrada a la isla ya miles de abonados reportaban perdida de energía eléctrica. Algo como si el sistema mismo no estuviese preparado ni para soportar la amenaza a la distancia de un fenómeno atmosférico.


La innegable realidad es que Isaías solo fue un simulacro. No el sentido de minimizar su impacto, todo lo contrario. Las imágenes de las situaciones parecerían haber sido obtenidas durante el 20 de septiembre del 2017. La pregunta es, ¿estamos preparados? Se me obliga a concluir que la contestación será no. No porque no se hayan hechos gestiones de preparación de emergencias, sino porque se están haciendo esas gestiones considerando las dinámicas del pasado.


Hay un nuevo paradigma en el manejo de emergencias. Mientras la magnitud de las situaciones emergencias aumentan, la magnitud de la preparación debe aumentar también. Para una preparación efectiva es indispensable contemplar el peor escenario triplicando su magnitud, incorporar las medidas contra el Covid-19 y practicar, practicar, practicar. No hay tal cosa como “suficiente preparación”.


Los programas federales para atender emergencias juegan un rol crítico antes, durante y luego de un evento de desastre mayor. El manejo efectivo de estos procesos va a determinar la rapidez, la eficiencia y la ejecución de una recuperación óptima. Hemos visto como en los últimos años, el cambio climático ha sido cómplice del aumento de la magnitud y actividad de desastres naturales en el mundo. No se puede predecir como, cuando ni donde los desastres pueden ocurrir, sin embargo, esto no puede ser excusa para dejar todo a última hora. Verán, el proceso para atender un desastre se categoriza en tres fases: preparación, respuesta y recuperación. Estas fases son dependientes una de la otra. Entender lo que conlleva cada una será clave para ejecutar de una manera eficiente, maximizando recursos y salvando vidas. De igual forma, en la parte defensiva, comprendiendo este esquema evitamos un sinnúmero de malas prácticas y malsabores para nuestra gente. La fase de preparación (Disaster Preparedness) toma lugar en el tiempo de “calma”. Se caracteriza por todas las gestiones proactivas del gobierno – también gestiones del sector privado e individuos - en preparación para una efectiva respuesta durante la emergencia. Como norma general, se revisan los planes de mitigación, de respuesta, manejo de escombros, desalojo, puntos de contacto, línea de mando y las herramientas tecnológicas necesarias. La fase de respuesta es aquella que ocurre inmediatamente luego del desastre. Corresponde a todos los esfuerzos necesario para salvar la vida y la propiedad de los ciudadanos. Aquí se ejecuta conforme lo preestablecido en la etapa de preparación. Asimismo, se entiende por fase de recuperación todos esos procesos de evaluación para determinar reembolso bajo diversos programas federales de gastos incurridos, reclamos de aseguradora, construcción de proyectos y mitigación, entre otros. Ahora, en indispensable solidificar en Puerto Rico una cultura de “disaster preparedness” y de transparencia en los procesos de atender un desastre. La perpetua ausencia de esto continuará generando los mismos dos problemas: contratos millonarios a suplidores no cualificados e incumplimiento de las regulaciones federales. La fase de preparación (disaster preparedness) es lo que determinará una buena o mala ejecución del gobierno central y de los municipios en atender un desastre. En Puerto rico se limita a lo mencionado, pero no es suficiente. Debemos comenzar a anticipar correctamente y comenzar a incluir en esta fase la solicitud de servicios y bienes, licitación (procurement), contratación y quienes serán las compañías que estarán a cargo de las tareas de respuesta al atender inmediatamente un desastre (también si se hará con empleados públicos presupuestados).


En la etapa de respuesta durante un desastre la prioridad es salvar vidas y el buen uso del tiempo es factor determinante. Cuando lo anterior no sucede y tenemos que enfrentar un desastre de gran magnitud, estamos ejecutando, siendo esclavos de la improvisación. En ese momento se comienzan a contratar servicios para atender la emergencia sin el debido proceso ni escrutinio con el interés apremiante de la prisa de los tiempos, llevándonos a tener los Whitefish y los Apex de la vida. Esto sin mencionar que todas las deficiencias de esta etapa de contratación son las que detienen el proceso de desembolso en la etapa de recuperación porque no cumplen a cabalidad con la regulación federal. Una buena etapa de preparación va a determinar una buena etapa de respuesta y una buena etapa de recuperación.


Urge crear una cultura de preparación y transparencia durante una emergencia. El gobierno central y los municipios deben incorporar esta práctica. La entidad debe hacer su proceso de solicitud de servicios y bienes, así como la contratación, antes de tener un desastre en la puerta. La ejecución será más eficiente, se gastará menos capital del erario y se maximizarán recursos. De esta manera, el pueblo sabrá quienes tendrán la responsabilidad de salvaguardar sus vidas y sus propiedades con tiempo.


(Editorial) El Administrador de FEMA, Pete Gaynor, mencionó en conferencia de prensa el pasado sábado que FEMA estaría tomado las riendas de los esfuerzos del Gobierno Federal en atender la emergencia del COVID-19. Con el mismo aliento, recordó que la regulación federal del Buy American, no aplica a la Ley Stafford. No obstante, a Puerto Rico y Washington D.C. se le restringe de esta libertad. Esto significa que de necesitar equipos médicos para atender la emergencia del COVID-19, los estados pueden comprar en cualquier lugar del mercado internacional, pero Puerto Rico tiene que limitarse a los equipos del mercado y fabricación americana.


En respuesta, Comisionada Residente de Puerto Rico, Jennifer González, informó que su oficina se comunicó directamente con el Administrador Gaynor y anunció que la petición fue acogida con éxito. Sin embargo, esto no puede ser un “one time exception”. Es indispensable entender lo que pude significar esta limitación en emergencias futuras y lo que hubiese representado en esta coyuntura histórica para nuestros municipios.


Las categorías de emergencia del Programa de Asistencia Pública funcionan por reembolso. Es decir, la responsabilidad primaria de atender la emergencia corresponde estrictamente al aplicante del programa (municipio, agencia, organización sin fines de lucro) y a la aseguradora correspondiente. Antes de que la entidad tenga en sus manos el dinero, se tiene que probar gastos incurridos. Ante la emergencia de COVID-19, el problema es el siguiente: Los municipios, no tienen dinero para atender en su máxima capacidad la situación. Tenemos que mantener en perspectiva que hay municipios manejando tres emergencias simultáneamente y nos encontramos cerca de una nueva temporada de huracanes.

Restringir a Puerto Rico a comprar equipo de emergencia - en el caso del COVID-19, médico - en el mercado estadounidense es desarmarnos y dejarnos solo con la alternativa de apelar a la buena caridad de los cambios de un mercado limitado. Todos sabemos el comportamiento del mercado en tiempos de emergencia. Los estados tendrían la libertad de encontrar precios competitivos en los mercados abiertos. Sin embargo, este no sería el caso de Puerto Rico. Nuestros municipios, sin dinero, estarían obligados a comprar en un mercado limitado y a la merced de precios elevados en comparación con otros mercados. Todo esto mientras el mismo programa le exige que tiene que comprar primero para luego reembolsar.


Para la emergencia del COVID-19, FEMA aprobó la aportación de un 75% de todos los gastos elegibles por la emergencia en la categoría B. A FEMA le conviene incluir a Puerto Rico en esta y en futuras ocasiones. Es una cuestión estrictamente de lógica matemática simple. Si se le permite encontrar mejores precios en la compra de equipo médico en los mercados abiertos, la aportación del 75% del reembolso representaría menos gasto del erario federal en dólares y centavos.


FEMA utiliza estrategias como adelantar fondos como lo es una Hoja de Trabajo del Proyecto Expedito (entre otras). Esto no es otra cosa que un documento donde se solicita un estimado de los gastos a incurrir para atender la emergencia de forma rápida (en contexto con el proceso federal). No obstante, esto no significa dinero estará a la mano de manera inmediatamente. Actualmente, tenemos municipios trasladando servicios a otros municipios porque sencillamente no tienen capital. La compra de equipo médico es indispensable para sobrepasar esta emergencia.


No acoger este reclamo permanentemente, sería manejar una emergencia con un yugo adicional. El proceso de FEMA toma su tiempo. Las aseguradoras han alcanzado cifras de reclamaciones históricas en los pasados tres años. Nuestros municipios no aguantan más. Dentro de todo, nos corresponde buscar alternativas flexibles, conforme el cumplimiento, que beneficien a nuestra gente en estos tiempos de necesidad.

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