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La Limitación del Buy American para Atender Una Emergencia


(Editorial) El Administrador de FEMA, Pete Gaynor, mencionó en conferencia de prensa el pasado sábado que FEMA estaría tomado las riendas de los esfuerzos del Gobierno Federal en atender la emergencia del COVID-19. Con el mismo aliento, recordó que la regulación federal del Buy American, no aplica a la Ley Stafford. No obstante, a Puerto Rico y Washington D.C. se le restringe de esta libertad. Esto significa que de necesitar equipos médicos para atender la emergencia del COVID-19, los estados pueden comprar en cualquier lugar del mercado internacional, pero Puerto Rico tiene que limitarse a los equipos del mercado y fabricación americana.


En respuesta, Comisionada Residente de Puerto Rico, Jennifer González, informó que su oficina se comunicó directamente con el Administrador Gaynor y anunció que la petición fue acogida con éxito. Sin embargo, esto no puede ser un “one time exception”. Es indispensable entender lo que pude significar esta limitación en emergencias futuras y lo que hubiese representado en esta coyuntura histórica para nuestros municipios.


Las categorías de emergencia del Programa de Asistencia Pública funcionan por reembolso. Es decir, la responsabilidad primaria de atender la emergencia corresponde estrictamente al aplicante del programa (municipio, agencia, organización sin fines de lucro) y a la aseguradora correspondiente. Antes de que la entidad tenga en sus manos el dinero, se tiene que probar gastos incurridos. Ante la emergencia de COVID-19, el problema es el siguiente: Los municipios, no tienen dinero para atender en su máxima capacidad la situación. Tenemos que mantener en perspectiva que hay municipios manejando tres emergencias simultáneamente y nos encontramos cerca de una nueva temporada de huracanes.

Restringir a Puerto Rico a comprar equipo de emergencia - en el caso del COVID-19, médico - en el mercado estadounidense es desarmarnos y dejarnos solo con la alternativa de apelar a la buena caridad de los cambios de un mercado limitado. Todos sabemos el comportamiento del mercado en tiempos de emergencia. Los estados tendrían la libertad de encontrar precios competitivos en los mercados abiertos. Sin embargo, este no sería el caso de Puerto Rico. Nuestros municipios, sin dinero, estarían obligados a comprar en un mercado limitado y a la merced de precios elevados en comparación con otros mercados. Todo esto mientras el mismo programa le exige que tiene que comprar primero para luego reembolsar.


Para la emergencia del COVID-19, FEMA aprobó la aportación de un 75% de todos los gastos elegibles por la emergencia en la categoría B. A FEMA le conviene incluir a Puerto Rico en esta y en futuras ocasiones. Es una cuestión estrictamente de lógica matemática simple. Si se le permite encontrar mejores precios en la compra de equipo médico en los mercados abiertos, la aportación del 75% del reembolso representaría menos gasto del erario federal en dólares y centavos.


FEMA utiliza estrategias como adelantar fondos como lo es una Hoja de Trabajo del Proyecto Expedito (entre otras). Esto no es otra cosa que un documento donde se solicita un estimado de los gastos a incurrir para atender la emergencia de forma rápida (en contexto con el proceso federal). No obstante, esto no significa dinero estará a la mano de manera inmediatamente. Actualmente, tenemos municipios trasladando servicios a otros municipios porque sencillamente no tienen capital. La compra de equipo médico es indispensable para sobrepasar esta emergencia.


No acoger este reclamo permanentemente, sería manejar una emergencia con un yugo adicional. El proceso de FEMA toma su tiempo. Las aseguradoras han alcanzado cifras de reclamaciones históricas en los pasados tres años. Nuestros municipios no aguantan más. Dentro de todo, nos corresponde buscar alternativas flexibles, conforme el cumplimiento, que beneficien a nuestra gente en estos tiempos de necesidad.

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